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Flecha Publicado el 3 de Mayo de 2019
    Nota de Prensa Foro Sanitario Profesional de Cantabria

    Pasividad del Gobierno de Cantabria ante la sentencia del Tribunal Constitucional sobre colegiación obligatoria de los funcionarios El ejecutivo cántabro no recibe al Foro Sanitario, no toma medidas para hacer cumplir la sentencia y tampoco informa de su postura ni de su intención con respecto a un problema que afecta a cientos de profesionales cántabros

    Las actuaciones dirigidas a dirimir la cuestión de la colegiación obligatoria de los funcionarios comenzaron hace más de tres años y el Gobierno de Cantabria no se ha pronunciado al respecto y ni siquiera ha recibido al Foro Sanitario de Cantabria, que engloba a todos los colegios profesionales de la región relacionados con la salud y la sanidad, a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional que exige la colegiación de los funcionarios.

    El Foro exige, por lo tanto, una respuesta inmediata ante una situación que, según la jurisprudencia existente y a requerimiento del Colegio de Veterinarios de Cantabria, el juzgado de lo contencioso administrativo inició reclamando del Tribunal Constitucional que se manifestara sobre la adecuación de la Ley de Colegios Profesionales de Cantabria, recibiendo nuestros legisladores la corroboración de que su trabajo no se ajustaba a la Constitución Española.

    Jueces y magistrados rechazaron la redacción de la Ley de Colegios Profesionales indicando que vulnera el art.36, que garantiza la tutela de los intereses generales de los destinatarios de los servicios profesionales, constituyendo además la colegiación un elemento esencial de regulación del acceso a la profesión. Por lo que el Gobierno de Cantabria, al no tener en cuenta este hecho, deja sin la protección recogida en la Constitución a los usuarios de los sistemas sanitarios y se arriesga a sufrir importantes reveses porque gran número de sus procedimientos pueden incurrir en causa de nulidad y pueden quedar sin efecto.

    Es una cuestión tan evidente como para que, en el procedimiento, los Servicios Jurídicos del Gobierno tomaran la decisión de renunciar a la posibilidad de justificar la constitucionalidad de la norma. En esta situación, y viendo la relevancia del problema, todas las profesiones sanitarias unidas en el Foro Sanitario de Cantabria, solicitaron sendas entrevistas a los responsables de las Consejerías de Presidencia (septiembre de 2018), por su competencia en materia de contratación; y de Sanidad (enero de 2019), por su competencia funcional, porque el Foro entiende que consentir la vulneración los preceptos constitucionales supone un hecho suficientemente grave como para tratar de buscar una solución.
    Pero el Gobierno de Cantabria no ha respondido a estas demandas demostrando que este asunto no le preocupa en absoluto porque el Foro Sanitario ha cursado tres cartas y varias comunicaciones telefónicas desde hace seis meses, y no ha obtenido respuesta ni siquiera para fijar una fecha y tratar el asunto, una cuestión incomprensible dado que la Constitución es de obligado cumplimiento, sobre todo tras el requerimiento del Tribunal Constitucional.

    Por lo tanto, el Foro Sanitario exige una respuesta inmediata porque considera que si un asunto requiere y consume abundantes recursos públicos (corporaciones, juzgados administrativos, Tribunal Constitucional) es porque los poderes del estado de derecho se han puesto en marcha para garantizar los derechos de los ciudadanos, y no parece razonable que sea posible que un gobierno pueda conocer su incumplimiento y mirar para otro lado dejando sin protección a sus ciudadanos y poniendo en riesgo a toda la Administración.

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